Entre abogados de veas

¿Chávez camino a los altares revolucionarios?

TENGO BUENOS AMIGOS abogados, honestos, que creen en el derecho y en la justicia y que se han horrorizado tanto con la judicialización de la política como con la politización de la justicia, aquí y en cualquier otro país. Hay quienes no se horrorizan, claro, aunque mi propósito al encabezar esta nota con su mención no es juzgar el proceder ético de estos ni de ningún otro profesional, sino sólo poner en perspectiva que el protagonismo de la justicia politizada –o de la política judicializada- en la transición venezolana tiene que ser solo un momento, y lamentablemente, no va siendo de los más brillantes.

Dirimida la cuestión de la directiva de la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero, la ratificación de Diosdado Cabello en la línea de sucesión equivale a pasar la primera encrucijada de una ruta que todavía luce tortuosa, gracias a la combinación de realidades y deseos (y agregaría, de destinos y voluntades) con que están hechos los negocios humanos. Viene el 10 de enero, el inicio del nuevo período constitucional, y el presidente electo (que es el mismo presidente anterior) no va a venir a juramentarse, enfermo como está. Nicolás Maduro, quien es Vicepresidente ejecutivo del período constitucional que vence el 10 de enero, funge como presidente encargado aunque no ha sido designado como tal. Se habla de un enfrentamiento entre Cabello y Maduro, que a la larga no es más que el conflicto entre el ala civil (que no civilista) y el ala militar (militarista) del oficialismo. Odios mellizales que toca posponer en aras de sortear el trance: ya se verá con los días quién va a prevalecer.

Por lo pronto, los bandos del oficialismo hacen buena la conseja de que nada unifica más que un enemigo común: La MUD, Ramón Guillermo Aveledo, la derecha internacional. Y mientras, el discurso de Aveledo convocando a la unidad nacional y exigiendo el respeto por la Constitución queda como pieza aislada al producirse –acaso en el peor momento- una diferencia de abogados entre él y Henrique Capriles Radonski.

La postura de Henrique Capriles es la de aplicar el Art. 234 de la constitución, que reza: “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”. Eso significaría, asumiendo que el 10 de enero Chávez no se juramentaría, que a partir de este jueves se contaría un plazo de hasta 90 días prorrogables a 180, que los 90 días se cumplirían el 10 de abril, y que los 180 días vencerían el 9 de julio, fecha a partir de la cual, si no ocurre ninguna de las causales de falta absoluta tipificadas en el artículo 231 de la Constitución (muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional o revocación popular de su mandato), la Asamblea Nacional decidiría si la falta temporal puede considerarse absoluta.

Yo que no soy abogado, tengo la impresión de que con esta declaración, Capriles puede estar aceptando la idea de la continuidad administrativa entre un período constitucional y otro, dado que el gobernante elegido es la misma persona en ambos casos. No sé si ese fue uno de los problemas argumentados para la consulta al TSJ que dio lugar a la sentencia del 4 de febrero de 2009, con el cual el tribunal aceptó la tesis de la reelección continua avalando la enmienda constitucional que fue aprobada vía referéndum el 15 de enero de 2009 y la cual, ciertamente, facultó a Capriles para postularse para la reelección como gobernador de Miranda.

La postura de Ramón Guillermo Aveledo, por su parte, implica ceñirse a una lectura literal de la situación tipificada por el Artículo 231: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Vale decir que luego de la ratificación en la presidencia de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello ya no alega a favor de Chávez el vacío del legislador en la segunda parte del mencionado artículo, pues pareciera no hará falta, si es que el oficialismo evoluciona desde el antagonismo radical contra una oposición que saluda a la bandera de la constitución, hacia la declaración de la falta temporal.

Lo que me gustaría saber es por qué ocurre esta discrepancia de criterios entre Aveledo y Capriles, y  qué implicaciones tiene esta, en términos políticos, para la oposición. Si el 10 de enero, como se espera, Chávez no estaría presente en la juramentación, ¿qué es lo que va a hacer la MUD? ¿Exigirle al presidente de la Asamblea Nacional que le pida al TSJ nombre la junta médica para evaluar la salud del Presidente, en la perspectiva de lo señalado por el Artículo 231, ya que ha finalizado el periodo constitucional anterior, y que asuma temporalmente la jefatura del Estado? ¿Exigirle al TSJ que proceda por oficio y nombre la junta médica? ¿Hacer presión de calle para que eso se haga? ¿Sin el apoyo expreso de Capriles? ¿Y si la Asamblea Nacional, declara el 10 de enero la falta temporal y hace correr el tiempo? ¿Qué puede argumentar la MUD? ¿Es eso un golpe de estado?

Pues bien, la MUD ya ofició a la OEA, señalando que de no aplicarse lo establecido en el artículo 231, se estaría produciendo una alteración del orden constitucional que altera gravemente el orden democrático y que debe procederse según lo tipificado en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, esto es: convocando al Consejo Permanente para conocer la situación y tomar las medidas pertinentes.

Yo en lo personal no me explico de dónde saca Capriles su postura, si es que lo anima una lectura que privilegia la solución electoral, para lo cual se plantea ganar tiempo para una estrategia que lo favorezca como eventual candidato presidencial. ¿Es preferible conceder terreno y confiar en que la recesión en ciernes, la devaluación, el déficit fiscal y otras debacles bien descritas por Moisés Naim harán su efecto? ¿Es preferible confiar en que la conflictividad social permitirá debilitar el apoyo político al postchavismo, con lo cual se fortalecería la opción electoral opositora? ¿No considera este escenario que en ese mismo tiempo, el chavismo puede fortalecer el discurso religioso elevando al presidente a los altares revolucionarios, explotando la conexión simbólico-emocional? ¿Y no considera esta postura que lo que se sacrifica en aras de una opción electoral es el estado de derecho? ¿No le hace juego esta opción al voluntarismo, al personalismo, a la actitud caudillista que tanto se ha denunciado en el gobierno?

Escribo esto antes de la rueda de prensa que Henrique Capriles ofrecerá a medios internacionales sobre el tema de la sucesión presidencial. Espero que en ella, alguna de estas preguntas tenga respuesta, en beneficio de la construcción de una opción política diferente, para el país