HACE 17 AÑOS, alguien, que fue director de un periódico donde trabajé me dijo, cuando le llevé quejas de la redacción, que “el primer deber de un trabajador es defender su puesto de trabajo”. Después diré su nombre, pero adelanto, por ahora, que es un prócer de esta “Revolución”.
Él tenía razón. Eso es exactamente lo que están haciendo los trabajadores de Polar: defender su puesto de trabajo. ¿Eso los convierte en unos desclasados, unos alienados que defienden los intereses de la burguesía? Tal parece que el Presidente lo considera así. ¿Piensa lo mismo la gente? Las encuestas de opinión pública vienen mostrando rechazo consistente a los ataques al empresariado, pero lo que la gente manifiesta ¿qué es? ¿Apoyo a la burguesía? ¿Defensa del trabajo? ¿Ambos?
¿Cómo puede decirse de un estado que es socialista, si no defiende el derecho al trabajo y los que le son conexos (vida, seguridad, educación, libertad de reunión, libertad de empresa, libertad de expresión, etc.)?
Durante más de 60 años, cuando se dice justicia social en Venezuela, se quiere decir justicia en la distribución de la renta petrolera, porque aquí no ha habido economía de mercado, sino capitalismo de estado; aquí no ha habido una democracia liberal (aunque Carrera Damas diga que el Pacto de Punto Fijo dio lugar a una), sino un nacionalismo desarrollista operado alternativamente por civiles y por militares (ahorita lo operan los militares), pero democracia, democracia, todavía no la hay.
A la redistribución se le suma que el siglo de violencia que fue el XIX, generó un país de madres solas, que gestaron un orden matrisocial el cual impidió la formación efectiva de la República. Al capitalismo rentístico del Estado se le suma una clase empresarial de pocas ambiciones, que prefirió medrar y no competir en la escala global. Avanzamos el siglo amarrados a la contingencia de los precios del petróleo y a una clase política que en lugar de apostar al cambio cultural, dando formación política a la ciudadanía desde los partidos, pero en la perspectiva de la sociedad civil, constituyó el clientelismo como forma de gestión. Esos polvos, ciertamente, hicieron estos lodos. El Estado actual es escenario del pugilato entre el nacionalismo desarrollista en versión militar (nasserismo, diría Aníbal Romero) y el fascismo de izquierda en versión cubana reeditada.
Del clientelismo empresarial y político una honrosa excepción: Empresas Polar, no sólo productora de bienes de consumo masivo, sino generadora de bienes culturales, que son fuente de identidad; no sólo empleadora nacional, sino cogestora en los hogares de la formación del patrimonio familiar con el cual se financian los proyectos de vida de sus miembros, patrimonio formado justamente con el trabajo y el ahorro, fuente de independencia económica y de libertad política, porque al que trabaja nadie le está regalando nada: Polar produce, para el imaginario venezolano, la modernidad como una aspiración.
Cuando los trabajadores de Polar defienden la empresa no sólo defienden su puesto de trabajo, sino su derecho a construir con el trabajo una vida digna, dimensión que desde el Estado se pierde de vista porque para la burocracia la persona es un sueldo que hay que pagar, cuando no una dádiva que reparten los comisarios políticos entre las filas de un pueblo ya no empobrecido en lo económico sino en lo moral. Los trabajadores de Polar defienden su modernidad como derecho a pensar por sí mismos y al hacerlo, le muestran al país con rostros concretos, lo que por lo menos los últimos 5 años de estudios de opinión pública le dicen al país: que hay una revalorización del papel del trabajo y del papel que las organizaciones intermedias del trabajo tienen, en la construcción de un centro democrático que movilice a los desafiliados políticos –que son la mayoría- para la construcción de una gobernabilidad de centro democrático.
Yo sí creo que a este gobierno de burócratas, le ha salido al paso el fantasma del proletariado. Sí creo que es la hora del laborismo venezolano. Seguiremos hablando sobre este asunto, en el futuro no muy distante.
Ah, el de la frase es Germán Mundaraín, que hace 17 años era director del Semanario El Capital y consultor jurídico del Banco Internacional (Propiedad de Víctor Gill Ramírez), antaño militante de URD, luego defensor de Luis Miquilena en el caso Micabu, después titular de la Defensoría del Pueblo y actualmente representante venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde está la sede de la OIT y donde seguramente le corresponde a él conocer la materia laboral a nombre del estado venezolano. Se le recuerda públicamente más por otra frase: “En Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos”, que alcanzó fama y celebridad. La foto de la página es del diario El Impulso
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