viernes, 2 de noviembre de 2007

Inaceptable











CUANDO LA CONFERENCIA Episcopal Venezolana en su comunicado sobre la reforma constitucional la califica de moralmente inaceptable, los discursos y los hechos parecen mostrar que, finalmente, se está formando un consenso en la oposición, que sortea –no sin peligros- el falso dilema de ir a votar o abstenerse. Falso, porque es parcial, porque su solución antagónica no resuelve el problema, que en este caso es el modelo de país al cual nos dirigimos.

La apelación a la moral según el enfoque de la doctrina social de la iglesia conjunta argumentos teológicos y filosóficos, teniendo como foco la dignidad humana, la condición de sujeto del ser humano y el derecho de rebelión que todo sujeto humano tiene en nombre de su dignidad, incluyendo en este derecho, la legítima manifestación moral de la “justa cólera”. No es crucialmente antagónica con las concepciones morales de la modernidad, porque permite “obrar de tal modo que todo lo que se haga sea susceptible de convertirse en ley universal, considerando al hombre como un fin en sí mismo” (Kant), pero sí lo es, de las morales contingentes, las que se acomodan a la razón pragmática (“el fin justifica los medios”), o su versión criolla, el “como vaya viniendo vamos viendo” que tanto nos caracteriza y tanto nos impide una buena vida como pueblo.

Sencillamente, la reforma es inaceptable porque ella es un mecanismo que consolida un proceso que lesiona la dignidad humana, que mal llaman revolución. Lesiona los derechos de todos en nombre de las mayorías excluidas, cuando en una república el beneficio debe ser para todos (a menos que no se quiera tener república, ya que no se ha podido tener, desde hace mucho); lesiona incluso los derechos de esa mayoría, porque cobra un precio demasiado caro por la inclusión: la pérdida de la libertad individual. Yo se lo describía a un buen amigo, el otro día en estos términos: supongamos que una mujer decide prostituirse, bien porque no sepa hacer otra cosa, porque no tenga medios de subsistencia, porque su entorno social no le permita otra cosa (e incluso por sinvergüenzura), y en algún momento quisiera dejar el oficio. ¿Qué puede llevarla a querer eso? Que la maltraten los clientes o las fuerzas del orden público, en un operativo de “profilaxia social”, que la censura social se le haga insoportable, que la explote su proxeneta, que se enferme o peor aun, que envejezca y ya no tenga mercado para sus servicios, entre otras razones. ¿No ocurre algo semejante con la gente humilde, buena pero ignorante, que no conoce sino el populismo clientelar como modo de participación política? ¿Cómo se le explica a la gente humilde, que se beneficia de las misiones, que el costo de su bienestar presente es su libertad, en el futuro inmediato? ¿Puede convencérseles? ¿Cómo?

Ahora bien, exigir el retiro de la reforma, porque es inaceptable (ponga usted las razones: morales, jurídicas, democráticas, históricas, etc.) resuelve el dilema votar/abstenerse de la oposición, lo vuelve irrelevante por la apelación a un principio superior bajo el cual reunir las voluntades políticas, para exigir: a) que se posponga el referéndum para que la gente tenga algo más que un mes para discutirla y tomar decisión o b) que el Presidente la retire, y ello supone la radicalización del conflicto. Y vale decir que si pido tiempo para discutir no puedo rechazar de entrada la reforma, aunque sí pueda rechazar el procedimiento seguido, que también es inaceptable, precisión que es necesario que el movimiento estudiantil haga, en nombre de la coherencia.

Exigir el retiro de la reforma plantea, de suyo, la manifestación de una advertencia: el Proponente (el stablishment, no el Presidente solo) debe retirarla pues el pueblo opositor a la reforma (que no el pueblo opositor al Presidente: en esta contingencia no son los mismos) así lo exige, y estará dispuesto a radicalizar las acciones de protesta hasta conseguir su objetivo. ¿Qué significa eso? Se verá, según el tipo de acciones que se sigan, en el modo en que estas acciones se estructuren, en la calidad de los actores políticos que intervengan, en la moralidad de los pactos que se suscriban y en el respeto que todos los suscriptores tengan de los mismos; en eso estribará la diferencia, de este lance con los anteriores.

La Conferencia episcopal titula su comunicado “llamados a vivir en libertad”. Hay en el sentido de sus palabras una referencia –velada- a la famosa carta pastoral del 01 de mayo de 1957 de Monseñor Arias Blanco, donde éste sostiene que “la Iglesia no solo tiene el derecho, sino que tiene la gravísima obligación de hacer oír su voz para que todos, patronos y obreros, Gobierno y pueblo, sean orientados por los principios eternos del Evangelio en esta descomunal tarea de crear las condiciones necesarias de vida para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del bien estar que la Divina Providencia está regalando a la nación venezolana. (…) Cuando la Iglesia aboga por vuestros derechos y os recuerda vuestros deberes, amadísimos trabajadores, simplemente está reclamando que en todos los aspectos de vuestra vida, en los aspectos económico, cultural, sindical, social, moral y espiritual, se respete la dignidad de persona humana que en todos y cada uno de vosotros Dios ha colocado. Entre el socialismo materialista y estatólatra, que considera al individuo como una mera pieza en la gran maquinaria del Estado, y el materialismo capitalista liberal, que no ve en el obrero sino un instrumento de producción, una máquina valiosa, productora de nuevas máquinas en su prole, está la doctrina eterna del Evangelio, que considera a cada uno de nosotros, sin distinción de clases ni de razas, como persona humana, como hijo de Dios, como base y fuente de los derechos humanos”.


Y esto, que no lo olvide nadie: la iglesia católica, como cualquier otra iglesia, no es sólo la jerarquía: es principalmente la asamblea, la comunidad de los fieles, por la cual hablan obispos y cardenales. Nadie en su sano juicio pone una “miasma” en su cabeza, señor Presidente, y al juicio es que se apela, en esta hora.

Por supuesto que criminalizar la protesta y reprimirla con violencia es inaceptable, pero hay que tener cuidado con hacer lo que se predica, siempre, aun en las horas más radicales, porque el movimiento estudiantil es de profunda referencia moral
(Esta foto fue publicada por noticias24.com, del portafolio de Harold Escalona e Iván González, publicado por Elmundo.es)

1 comentario:

Anónimo dijo...

Se exige la participación de todos y particularmente en los procesos electorales, pero esta participación debe ser igualitaria con equidad e igualdad de condiciones cosa que a pesar de los errores de la cuarta república, que en verdad fueron muchos, había en los centros electorales en todos sus niveles había representación de todos los partidos políticos e independientes.
Ahora en la quinta que tenemos, captura huellas todos sus operarios son del gobierno ahora me imagino que serán del gobierno y del PSUV que en definitiva es lo mismo. Si en algo debería la oposición restearse es precisamente allí participación igualitaria en estas malintencionadas maquinas que solo sirven para que el gobierno retrase, aun mas, este enrollado proceso electoral, que aunque parezca sencillo para algunos para una buena porción del país los intimida, y se enrollan delante de la maquina, si se pudieran eliminar seria para el bien de todos.
Estas maquinas son exageradamente peligrosas para los efectos electorales todo lo que con ellas se puede hacer para tracalaer desde lo más sencillo que es retrasar a los electores para que se hagan largas e interminables colas en los centros donde el gobierno sabe que pierde de acuerdo a las estadísticas anteriores de votación hasta informar quienes no fueron a votar para luego con la maquinaria de la misión identidad hacer cedulas instantáneas a sus más comprometidos fanáticos seguidores o partidarios y votar por los que no van a votar, es decir con los abstencionistas, se recomendaría de igual forma pelear y crear una condición elemental como lo es, elaborar un listado de manera pública, y publicarlo, después del proceso de votación, en todos los medios de comunicación escritos, este llevaría solo todos los números de cedulas de identidad de los que hicieron efectivo el voto de manera que quienes no votaron se busquen en el mismo y de esta forma descartar la maniobra que hasta ahora el gobierno ha realizado con éxito.